España ha logrado que la Comisión Europea acepte que los conductores no tengan que pagar peajes en las autopistas españolas durante el 2024. Ahora, tan solo queda la aprobación definitiva del Consejo Europeo que la dará en un mes.
Si la decisión es positiva, al menos durante el año que viene no habrá peajes obligatorios en las autovías nacionales tras negociar con Europa la revisión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado en 2021 para la modernización de la economía española y recuperación del crecimiento económico con metas específicas.
En este plan, parte de los fondos se obtenían al implementar un sistema de pago por usar las autovías en 2024. El gobierno español se comprometió a introducir el pago de peajes a cambio de recibir 70 000 millones de euros de fondos europeos que se concedieron por la pandemia.
Según declaraciones de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en funciones, Raquel Sánchez, este sistema de pago era el tercer hito y estaba vinculado al sexto tramo de los fondos europeos, que supondría una inyección financiera de 8000 millones de euros.
Una de las revisiones del plan que parece hacerse definitiva es que Europa acepte que España no tenga que imponer peajes en las carreteras españolas durante el año 2024 a cambio de implementar políticas de fomento del transporte ferroviario para mercancías y que se promueva el transporte público. Su propósito es reducir los gases contaminantes que procedan del tráfico de camiones en carretera, especialmente de empresas de distribución.
La exención de este pago de peajes podría venir con fecha de caducidad, y ¿qué ocurrirá después del 2024, pagaremos peajes y algún impuesto más por conducir?
Antes de contestar a la pregunta, debemos situarnos en el contexto de que la movilidad se enfrenta a unos retos que derivan de la misma agenda europea. Los objetivos de la descarbonización de la UE se concretan en el Plan “Fit for 55” que tiene por objetivo reducir al menos en un 55 % las emisiones contaminantes para el 2030.
A partir de 2025 los peajes podrían entrar en vigor y en 2027 se introducirá en España además un nuevo impuesto, el pago por la emisión de gases de efecto invernadero. Este impuesto consiste en lo siguiente: el que contamine que pague, es decir, que gravará las emisiones procedentes de los medios de transporte, incluido el privado, del sector de transporte y de la calefacción de las viviendas. Desaparecerán, por tanto, los derechos gratuitos de emisión. Esta nueva imposición surgió del pacto de revisión del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE) entre España y la UE.
Si a partir de 2027 confluyen ambas medidas, el pago de peajes y el impuesto por emisión de gases contaminantes, repercutirán en un mayor coste a los usuarios, se calificarán de impopulares y traerán detractores por parte de particulares y del sector de transporte.
Las autoridades anticipan el riesgo de una subida de los costes. Por eso, la nueva normativa ambiental ofrece unas oportunidades de acceso a determinadas ayudas. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha creado un mecanismo de ayudas que compensen los costes indirectos imputables a las emisiones de gases de efecto invernadero, en forma de subvención, y que se concederán hasta el 2031.
Todos los artículos, etiquetas y autores
